Una vez practicadas todas las pruebas que se consideraron oportunas por el Juzga de Instrucción de oficio o a petición de las partes, se dio traslado de todo ello a las acusaciones personadas a los efectos de que pudieran, bien solicitar la práctica de nuevas pruebas, bien formular sus respectivos escritos de acusación.
En el procedimiento, además del propio fiscal, existen otras diez acusaciones agrupadas que incluyen cada una de ellas a otras acusaciones menores, siendo ADICAE la acusación agrupada nº 5.
Como consecuencia de los escritos de acusación de los anteriores, el juez instructor del caso ha dictado el auto de apertura de juicio oral por el que envía a juicio al expresidente de la entidad Ángel Ron, a otros 10 directivos del banco, a PricewaterhouseCoopers, así como a dos auditores de esta firma por la ampliación de capital de 2016 a la que los inversores acudieron, según el Auto, engañados puesto que los estados financieros de ese año y de 2015 no reflejaban la imagen fiel del balance ni del patrimonio.
Dicha resolución recoge los escritos de calificación de las acusaciones que tipifican los hechos como delitos de falsedad contable y delito continuado de estafa de inversores.
Se imponen unas fianzas totales de 2.277.658.321,17 euros, una cantidad que han solicitado las acusaciones y que sin embargo el instructor explica que es provisional puesto que algunas de las acusaciones no han concretado su solicitud. La fijación de una fianza tiene por objeto asegurar la ejecución de los pronunciamientos de naturaleza civil y contenido patrimonial de la sentencia que en su día se dicte.
Respecto del Banco Santander, se mantiene su responsabilidad civil subsidiaria al ser el sucesor universal del Banco Popular y, por tanto, debe ser en este ámbito en el que las partes acusadoras deben plantear sus peticiones.
En relación con PwC, la Fiscalía no la acusa pero sí el resto de las acusaciones, excepto la OCU, señalándose en la resolución que, sin perjuicio de su responsabilidad directa como acusado, ha de responder también de forma subsidiaria en relación con los hechos por los que vienen acusados los dos auditores de la mercantil.
A partir de la firmeza del auto de apertura de juicio oral, se concede un plazo de 20 días para que las defensas puedan formular sus escritos de conclusiones provisionales.
Transcurrido dicho plazo las actuaciones se elevarán a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional quien, una vez admitidas o rechazadas las pruebas por las partes, señalará la fecha para el juicio, sin que podamos ahora precisar dicha fecha pero si sabiendo que nunca antes de la primavera del año próximo.
Fdo. Juan Fco. Llanos Acuña.
